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Liliana Montero: “Córdoba está preparada” para el nuevo régimen de imputabilidad juvenil
La secretaria general de Desarrollo Humano de la Provincia aseguró que Córdoba ya contaba con un procedimiento penal juvenil y que adecuó su normativa a la ley nacional. En diálogo con Decisión, por Canal 2 de CPTV, también habló de la situación de los adolescentes que ingresan al sistema penal, las inversiones necesarias y el consumo problemático.
Montero explicó que la provincia ya había avanzado en la materia durante 2025, cuando la Legislatura sancionó un Código de Procedimiento Penal Juvenil. Según detalló, ese antecedente permitió adaptar el esquema cordobés a la nueva normativa nacional.
“El 4 de septiembre, en una edición especial extraordinaria del Boletín Oficial, se publicó el nuevo régimen de procedimiento penal juvenil”, señaló. La funcionaria distinguió entre las leyes de fondo, que sanciona el Congreso, y las normas provinciales que establecen cómo se aplican.
También destacó el trabajo de la comisión provincial de seguimiento penal juvenil, integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, universidades, la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes y organizaciones de la sociedad civil. Ese espacio elaboró un anteproyecto que luego fue tratado y modificado por la Legislatura.
Cuántos menores de 16 años pasaron por el sistema
Uno de los datos centrales de la entrevista fue el número de adolescentes de entre 14 y 16 años que estuvieron alojados en un dispositivo especial durante 2025. Montero indicó que fueron 27 jóvenes en todo el año, mientras que actualmente hay dos en ese sector, por disposición de la Justicia.
La secretaria también precisó que el Complejo Esperanza tiene capacidad para 210 personas y que, al momento de la entrevista, alojaba a 131. Aclaró que el dispositivo destinado a los menores de 16 años continuará funcionando con el nuevo régimen.
Para poner esa cifra en contexto, sostuvo que Córdoba cuenta con casi 120.000 jóvenes de 14 y 15 años, según el censo de 2022. “No hay que romantizar la situación del delito, tampoco hay que demonizar a la juventud”, planteó, al remarcar que la mayoría de los adolescentes estudia, aprende oficios o participa de actividades deportivas y culturales.
La situación en Buenos Aires y la postura de Córdoba
Consultada por la decisión judicial que interrumpió la aplicación de la ley en la provincia de Buenos Aires, Montero aseguró que esa resolución no afecta a Córdoba. Dijo que no hubo una presentación similar ni una medida judicial que suspendiera el régimen provincial.
“Córdoba está hoy con plena vigencia tanto de su ley nacional como de la ley de procedimiento”, afirmó.
Educación, oficios y consumo problemático
Durante la entrevista, la funcionaria también se refirió al abordaje de los adolescentes que ingresan al sistema penal. Explicó que las medidas son definidas por los jueces y que los equipos técnicos provinciales acompañan su cumplimiento.
En ese marco, reconoció que existe un atravesamiento del consumo problemático en parte de los jóvenes que llegan al sistema, al igual que ocurre entre adultos. Señaló que la legislación contempla tratamientos para esas situaciones.
Montero destacó además que los adolescentes alojados en el Complejo Esperanza tienen la obligación de concurrir a la escuela y realizar talleres de oficio. Según indicó, la oferta pasó de cuatro a 14 talleres, entre ellos herrería, cosmiatría, cerámica, panadería, repostería y carpintería.
“La idea es que, si los chicos no pueden salir al mundo, el mundo tiene que entrar al complejo”, resumió, al valorar los convenios con instituciones externas y las oportunidades de formación.
Inversiones y el reclamo por los recursos
Otro de los ejes de la conversación fue el costo de adecuar la infraestructura y sostener el funcionamiento del sistema. Montero señaló que la Nación prevé 23.000 millones de pesos para todo el país, mientras que la obra del Campus Papa Francisco, en Córdoba, fue licitada por más de 18.000 millones.
El proyecto contempla cinco unidades con capacidad para 25 jóvenes cada una, es decir, 125 plazas. La funcionaria aclaró que el objetivo es reemplazar parte de la infraestructura existente y no simplemente ampliar la cantidad de alojamientos.
También mencionó una obra de adecuación para instalar dos escáneres en el Complejo Esperanza, con un costo de 800 millones de pesos. Explicó que se necesitan modificaciones edilicias específicas para garantizar el funcionamiento y la seguridad de los equipos.
“Hay un montón de inversiones que se están haciendo y que se van a tener que seguir haciendo en función de esta nueva ley”, sostuvo.
