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INFORMACION GENERAL
Advierten que la crisis económica impulsa la proliferación de geriátricos sin habilitación
La proliferación de geriátricos clandestinos vuelve a encender las alarmas en Córdoba y particularmente en localidades del interior como Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla. Aunque no existen estadísticas oficiales que permitan dimensionar el fenómeno, desde la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos (UAPSG) aseguran que la problemática crece cada vez que el país atraviesa una crisis económica.
Así lo expresó Carolina Villarreal Kurth, representante de la entidad en Córdoba, durante una entrevista en el programa A la Mañana Noticias, que se emite por Canal 2 CPTV.
La dirigente explicó que, justamente por tratarse de establecimientos no registrados, resulta imposible conocer con precisión cuántos funcionan en la provincia.
"No hay un registro oficial de clandestinidad justamente porque son clandestinos. Pero quienes trabajamos en la actividad conocemos el sector, hacemos entrevistas laborales y sabemos que existen. Cada vez que hay una crisis económica aumenta la cantidad de residencias clandestinas", señaló.
El costo de una residencia habilitada
Villarreal Kurth sostuvo que el principal factor detrás del crecimiento de estos establecimientos es económico.
Según indicó, una residencia que cumple con todas las exigencias legales debe afrontar elevados costos de funcionamiento debido a la cantidad de profesionales que integran su plantel y a las condiciones de infraestructura requeridas.
"Una residencia habilitada, con todo el personal registrado, convenio de sanidad, médicos, nutricionistas, trabajadores sociales y el equipamiento necesario, difícilmente pueda brindar el servicio por menos de dos millones y medio de pesos mensuales", explicó.
A ello se suma que muchas familias no cuentan con cobertura suficiente para afrontar esos valores.
Si bien algunas prestaciones son cubiertas por PAMI o por obras sociales, la representante del sector advirtió que existen largas listas de espera y que los aranceles necesitan ser actualizados para garantizar la sustentabilidad del sistema.
"No alcanza con más controles"
Lejos de centrar el debate únicamente en las inspecciones, Villarreal Kurth consideró que el problema debe abordarse desde una perspectiva mucho más amplia.
"No tiene que ver solamente con los controles. Los controles existen y las residencias habilitadas recibimos inspecciones permanentes de la Provincia y de los municipios. El problema es que muchas personas terminan recurriendo a opciones económicas que ponen en riesgo la calidad de vida de los adultos mayores", afirmó.
En ese sentido, remarcó que el cuidado de las personas mayores debe entenderse como una responsabilidad compartida.
"La red de cuidados está integrada por la familia, las instituciones, los cuidadores domiciliarios, la comunidad y el Estado. Cuando alguno de esos actores falla, aparecen estas soluciones informales que terminan siendo un riesgo."
Una ley desactualizada
Desde la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos vienen impulsando distintas propuestas para revertir la situación.
Entre ellas mencionó incentivos fiscales para promover el acceso a residencias habilitadas, programas de formación para el personal, mejoras en el financiamiento y, especialmente, una actualización de la legislación vigente.
"La normativa provincial que regula las residencias es de 1989. Está completamente desactualizada. Necesitamos una reglamentación moderna para los establecimientos de larga estadía que esté centrada en la persona y no en un viejo modelo asilar o exclusivamente médico", sostuvo.
Según explicó, las residencias actuales cumplen una función sociosanitaria, donde además de la atención médica se priorizan aspectos sociales, psicológicos y de integración de las personas mayores.
Villarreal Kurth también advirtió que el envejecimiento poblacional obliga a discutir políticas públicas de largo plazo.
Recordó que integra el Consejo de Personas Mayores en representación de la UAPSG y aseguró que distintos sectores vienen trabajando de manera interdisciplinaria para elaborar propuestas.
"Necesitamos legisladores que tomen el tema y lo conviertan en leyes concretas. Este problema requiere decisiones políticas y también soluciones económicas."
Finalmente, subrayó que Córdoba enfrenta un desafío demográfico cada vez mayor. "Hay una realidad que ya estamos viendo: se cierran jardines de infantes mientras proliferan las residencias clandestinas. Eso muestra claramente el proceso de envejecimiento de nuestra población y la necesidad urgente de contar con una verdadera política integral de cuidados."
La dirigente concluyó que, sin un mayor compromiso del Estado, la actualización del marco legal y un sistema de financiamiento que permita garantizar servicios de calidad, la clandestinidad seguirá creciendo como respuesta a una demanda que hoy muchas familias no logran cubrir.
