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Nueva ley penal juvenil: Brenda Austin pidió garantías para su implementación en Córdoba
La nueva Ley Penal Juvenil comenzará a regir en todo el país desde este sábado 5 de septiembre y Córdoba ya aprobó la adecuación de su régimen provincial. En ese marco, la legisladora Brenda Austin destacó la importancia de contar con los recursos necesarios para que la normativa pueda aplicarse de manera efectiva y pidió especial atención sobre el funcionamiento de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
En diálogo con A la Mañana, por Canal 2 de CPTV, Austin explicó que el Congreso de la Nación estableció la edad de imputabilidad penal a partir de los 14 años y otorgó a las provincias un plazo para adecuar sus procedimientos penales juveniles a los nuevos estándares nacionales. En Córdoba, esa adaptación fue aprobada esta semana por la Legislatura.
La legisladora remarcó que el cambio no se limita a la edad a partir de la cual un adolescente puede ser responsabilizado penalmente. Según explicó, la nueva normativa establece un conjunto de reglas y herramientas que buscan establecer un régimen diferenciado del sistema penal para adultos.
“Cuando un adolescente comete un delito, eso va a tener consecuencias”, sostuvo Austin, aunque aclaró que esas consecuencias deben aplicarse bajo los criterios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, señaló que la privación de la libertad debe ser utilizada como último recurso y que las sanciones tienen que ser proporcionales y graduales.
Medidas alternativas y rol de la SENAF
Uno de los puntos centrales de la nueva legislación son las denominadas medidas socioeducativas. Austin explicó que, cuando la pena prevista es de hasta tres años, el juez debe aplicar una medida alternativa. Para penas de entre tres y diez años, en cambio, el magistrado puede optar entre distintas alternativas o disponer una medida más gravosa.
Entre las herramientas contempladas aparecen el acompañamiento y la supervisión territorial, dispositivos tecnológicos de seguimiento, abordajes vinculados al consumo problemático de drogas, mediación y mecanismos de reparación.
Para Austin, allí estará uno de los principales desafíos de la implementación. “Hay que exigirle garantías fundamentalmente a la SENAF”, planteó, al advertir que el Estado debe contar con los recursos necesarios para que las medidas socioeducativas puedan aplicarse en la práctica y en todo el territorio provincial.
La legisladora también señaló que la discusión del próximo presupuesto provincial será clave para garantizar las herramientas necesarias para la puesta en marcha del nuevo sistema.
Derechos de las víctimas
Otro de los aspectos que Austin destacó es la incorporación de mayores garantías para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes.
Según explicó, la reforma incorpora un artículo específico sobre los derechos de las víctimas en los procesos penales juveniles y modifica determinados momentos procesales, entre ellos la mediación, para adecuarlos a las garantías que ya existen en Córdoba.
Austin vinculó esta modificación con el caso de Joaquín Sperani y recordó que, durante el debate de la denominada Ley Joaquín, había planteado la necesidad de que una futura reforma del régimen penal juvenil contemplara específicamente los derechos de las víctimas y sus familias.
Córdoba llega al inicio de la nueva etapa
Respecto de la entrada en vigencia, Austin explicó que el plazo establecido por la legislación nacional vence el 5 de septiembre. Córdoba aprobó antes de esa fecha las modificaciones necesarias para adecuar su régimen provincial.
De todos modos, la legisladora sostuvo que la aprobación de la ley es solamente una parte del proceso. Ahora, dijo, comienza una etapa administrativa en la que será necesario garantizar que la SENAF cuente con infraestructura, personal y recursos suficientes.
“Vamos a seguir de cerca que esté preparada y con los recursos necesarios para garantizar que todo esto que estuvimos discutiendo y que plasmamos en la ley se pueda cumplir en la realidad”, afirmó.
Austin también pidió no asociar automáticamente la problemática de la inseguridad con los delitos juveniles. Según el dato que aportó durante la entrevista, los delitos cometidos por menores de 16 años representan alrededor del 4% del total.
En ese contexto, también puso el foco en las condiciones del Complejo Esperanza, donde se encuentran alojados adolescentes privados de su libertad, y recordó que el establecimiento atravesó cuestionamientos y denuncias ante organismos vinculados a la protección contra la tortura.
Así, con la nueva ley a punto de comenzar a regir, el desafío para Córdoba no estará solamente en aplicar un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes, sino también en garantizar que las medidas alternativas, la protección de las víctimas y las herramientas de reinserción puedan funcionar efectivamente.
