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INFORMACION GENERAL
Discapacidad: la Defensoría advirtió que el sistema está en crisis y al borde del colapso
El sistema de prestaciones y apoyos para personas con discapacidad atraviesa una situación crítica y se encuentra, según un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de Córdoba, sostenido principalmente por el esfuerzo extraordinario de las familias, profesionales, instituciones y prestadores que todavía mantienen en funcionamiento una estructura cada vez más debilitada.
Luis Arévalo, integrante del área de Inclusión de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, explicó que el organismo presentó un informe construido a partir de la participación de distintos actores vinculados al sector: personas con discapacidad, familias, profesionales, prestadores y transportistas.
“Lo que se ve es un sistema que está en crisis”, señaló Arévalo, y utilizó una imagen para describir el escenario actual: una “torre de Jenga” en la que el retiro de piezas fundamentales genera un progresivo debilitamiento de toda la estructura.
De acuerdo con el análisis realizado por la Defensoría, el problema no es nuevo, pero adquirió una dimensión inédita en los últimos años. El organismo atribuye una responsabilidad central al Estado nacional, tanto por decisiones adoptadas como por la falta de respuestas frente al deterioro del sistema.
Aranceles atrasados y pérdida frente a la inflación
Uno de los principales problemas señalados en el informe es el fuerte desfasaje entre los aranceles que reciben los prestadores y la evolución de los costos.
Arévalo explicó que el nomenclador nacional, establecido por ley, fija los valores de las prestaciones vinculadas con discapacidad y que, al comparar los incrementos registrados desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2026 con la inflación acumulada durante el mismo período, los prestadores perdieron más de 110 puntos.
“Ahí está el gran ajuste en discapacidad”, sostuvo.
La Ley de Emergencia en Discapacidad contempló una actualización de los aranceles para intentar recuperar parte de esa pérdida, pero, según señaló el representante de la Defensoría, la normativa nunca terminó de reglamentarse de manera efectiva y los aumentos otorgados no alcanzaron para recomponer el deterioro acumulado.
A este escenario se suma otro problema: las demoras en los pagos.
“Nos hemos encontrado con profesionales o prestadores que les adeudan más de un año”, afirmó Arévalo. La combinación entre aranceles desactualizados y pagos que llegan con meses de atraso generó una situación financiera que, para muchos actores del sector, resulta directamente insostenible.
Profesionales que abandonan el sistema e instituciones al límite
La crisis también repercute en los profesionales que trabajan con personas con discapacidad. Según explicó Arévalo, la pérdida del poder adquisitivo y la demora en los pagos provocaron una mayor precarización y llevaron a muchos trabajadores a migrar hacia otros ámbitos laborales.
Las instituciones tampoco escapan al problema. Algunas atraviesan una situación financiera crítica, con reducción de personal y dificultades incluso para afrontar los salarios y honorarios de quienes continúan trabajando.
El resultado termina impactando directamente sobre las personas con discapacidad y sus familias.
“Se interrumpe tratamiento, porque también la familia termina muchas veces supliendo lugares de cuidado y de apoyos, aun en personas que tienen o cuentan con obra social”, explicó.
Para la Defensoría, este proceso está provocando un progresivo debilitamiento de la red de prestaciones básicas que permite sostener tratamientos, apoyos, cuidados y diferentes herramientas destinadas a mejorar la calidad de vida y promover la autonomía de las personas con discapacidad.
Una crisis que excede lo económico
Arévalo remarcó que la problemática no puede ser reducida exclusivamente a una discusión presupuestaria.
Desde la mirada de la Defensoría, además del ajuste económico existe un cambio en la manera en que el Estado nacional aborda la discapacidad, con discursos y prácticas que, según el informe, implicarían una regresión respecto de los avances alcanzados durante las últimas décadas.
“Lo que se cuestiona es la política de ajuste que ha hecho el Estado nacional sobre el sector de la discapacidad”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que se observa un retroceso hacia modelos de atención anteriores, mientras que en otros países el debate está centrado en fortalecer la vida independiente de las personas con discapacidad, su acceso al trabajo y su plena inclusión social.
“Hoy tenemos que volver acá a defender un sistema básico, que es poder acceder a las prestaciones mínimas que aporten una mejor calidad de vida”, planteó.
La emergencia y el riesgo de que el conflicto se prolongue
El debate vuelve a concentrarse ahora en la continuidad de la emergencia en discapacidad y en la necesidad de que las medidas previstas sean efectivamente aplicadas.
Arévalo advirtió que no alcanza con prorrogar una norma si sus principales disposiciones continúan sin reglamentarse o implementarse.
La Defensoría reconoce que tanto la Provincia de Córdoba como los municipios realizaron esfuerzos y destinaron recursos extraordinarios para acompañar al sector, pero considera que esas medidas funcionan como paliativos y no resuelven el problema estructural.
“El Estado nacional es clave en las políticas que defina de ahora en más para ver si ese sistema termina de derrumbarse o se vuelve a fortalecer”, sostuvo.
Mientras continúan las discusiones políticas, legislativas y judiciales en torno a la emergencia, el tiempo se convierte en otro factor de presión para un sistema que ya funciona al límite.
“Mientras tanto la gente subsiste, no vive, subsiste, sufre y subsiste”, resumió Arévalo durante la entrevista.
Desde la Defensoría advierten que, si no se adoptan medidas urgentes, el sistema podría profundizar su deterioro y comprometer todavía más la continuidad de las prestaciones que reciben miles de personas con discapacidad en todo el país.
