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Femicidio en Santa María de Punilla: familiares aseguran que existían denuncias previas
Un nuevo femicidio volvió a conmocionar a la comunidad y reavivó el debate sobre la efectividad de las medidas de protección para las víctimas de violencia de género. Familiares y vecinos de la joven asesinada aseguraron que el presunto agresor ya había protagonizado reiterados episodios de violencia y que existían antecedentes que hacían prever un desenlace trágico.
Según el testimonio de una tía de la víctima, la relación estaba marcada por constantes agresiones físicas y discusiones. "En varias oportunidades él le había pegado", relató, al tiempo que explicó que el crimen se habría producido tras una pelea en la que el hombre la apuñaló.
La mujer sostuvo además que el acusado tenía una restricción de acercamiento que, según los familiares, nunca fue respetada. "No pensábamos nunca que iba a terminar muerta mi sobrina", expresó con dolor, al recordar que tanto allegados como vecinos conocían la situación de violencia que atravesaba la joven.
Vecinos del sector describieron un contexto de conflictividad permanente. Afirmaron que las peleas eran frecuentes, que en reiteradas oportunidades dieron aviso a la Policía y que incluso la semana anterior al crimen habían vuelto a realizar denuncias por los episodios de violencia registrados en el lugar.
Además, señalaron que en el barrio existen otras situaciones de vulnerabilidad vinculadas al consumo problemático de drogas y alcohol, con presencia de niños expuestos diariamente a hechos de violencia, lo que genera una profunda preocupación entre quienes viven en la zona.
Durante el análisis del caso también surgieron cuestionamientos al funcionamiento del sistema judicial y a los mecanismos de seguimiento de las restricciones de acercamiento. Los testimonios remarcan que el imputado permanecía en libertad pese a los antecedentes de violencia denunciados, una situación que, según sostienen, terminó facilitando el fatal desenlace.
El crimen vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, protección y acompañamiento para las víctimas de violencia de género, así como de reforzar los controles sobre el cumplimiento de las medidas judiciales dictadas para resguardar a quienes denuncian situaciones de riesgo.
